El auge de la digitalización en Colombia ha traído consigo una serie de beneficios, pero también, nos deja que en Colombia cuatro de cada diez ciudadanos es víctima de fraude digital.

Por lo tanto, producto de las iniciativas del país al que buscan garantizar un mayor cubrimiento al acceso a tecnologías y el impulso que produjo la pandemia en el año 2020; motivó a las personas y organizaciones al uso de plataformas digitales para la ejecución de las tareas diarias.

Sin embargo, una nueva dinámica no genera únicamente beneficios, esto, teniendo en cuenta que, en Colombia hubo un crecimiento del 43,5% en el primer semestre de 2024 en comparación con el 2023, siendo la industria de video juegos y los servicios de entidades gubernamentales, los principalmente afectados. (TransUnión – Colombia, 2024)

TransUnion – Colombia, es un operador de datos dedicado a la recolección, almacenamiento, administración y suministro de información de tipo crediticio y comercial de los diferentes titulares, sean personas naturales o jurídicas; identificó que, la principal metodología para hacer fraude digital es: la suplantación de identidad sintética, con incremento del 153% (TransUnión – Colombia, 2024); la cual,consiste en crear una identidad falsa para cometer actividades ilegales y así abrir cuentas fraudulentas, contratar servicios o créditos a nombre de la persona suplantada.

Teniendo en cuenta lo anterior, la información que exponen las organizaciones y las personas en redes sociales, y demás canales digitales en general juega un papel importante, dado que, como dueños de la información los individuos son los responsables de los datos.

A los que los defraudadores tienen acceso y que sirven como materia prima para cometer el fraude digital o cibernético.

La Ley 1273 de 2009, representó un avance significativo en la lucha contra los delitos informáticos en Colombia. La constante innovación de los ciberdelincuentes exige la adopción de medidas de seguridad por parte de individuos y empresas.

A pesar de los esfuerzos legales, la naturaleza transnacional del cibercrimen dificulta la persecución de los responsables, lo que refuerza la importancia de la prevención.

A partir de lo anterior, confirmamos que el fraude digital en Colombia es una amenaza creciente que requiere una respuesta los actores involucrados. Las organizaciones deben implementar medidas que blinden la información que tienen de sus contrapartes y velar por el cuidado de esta.

Aumentar inversión en sistemas que, refuercen la seguridad en las transacciones; por otra parte, el gobierno deberá intensificar el régimen sancionatorio ampliando el alcance de la severidad en las sanciones al defraudador, y el ciudadano común, quien deberá ser consciente a la hora de efectuar transacciones; así mismo, educarse para conocer las mejores medidas por adoptar o conocer a través de un medio de comunicación, que mecanismos están usando los defraudadores; y así, realizar prácticas que ayuden en el cuidado debido; con el objetivo de garantizar un entorno digital seguro.