La problemática del consumo de sustancias psicoactivas en el ámbito laboral ha cobrado una relevancia creciente en el marco jurídico, planteando desafíos tanto para los empleadores como para los trabajadores.

Ante la necesidad de preservar un entorno de trabajo seguro y, al mismo tiempo, garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia ha establecido pautas claras para el manejo de este tipo de situaciones.

En este sentido, resulta imprescindible para los empleadores conocer a fondo las implicaciones del consumo de sustancias en el lugar de trabajo y las medidas a implementar para equilibrar la protección de la empresa con el respeto por los derechos del trabajador.

En primer lugar, es importante destacar la Sentencia T-306 de 2024 de la Corte Constitucional, la cual esclarece que el consumo de drogas psicoactivas con fines recreativos no otorga por sí solo una estabilidad laboral reforzada. Dicha protección solo se activa si el trabajador ha sido diagnosticado con dependencia, lo cual lo convierte en sujeto de especial protección constitucional.

Este aspecto es de mayúscula importancia para los empleadores, quienes deben tener presente que no pueden proceder con el despido de un trabajador con problemas de adicción sin antes agotar los tramites establecidos, incluyendo la obtención de autorización del Ministerio de Trabajo.

Según lo establecido por la Corte Constitucional, cuando se identifica una situación de dependencia, se requiere que el empleador acompañe al trabajador en su proceso de recuperación y rehabilitación previo a tomar decisiones de carácter definitivas en cuanto a su continuación laboral.

Si bien la finalidad es promover la estabilidad en el empleo, así como la construcción de un ambiente laboral inclusivo y respetuoso de las condiciones de salud de los trabajadores, consideramos de suma gravedad que el fallo destaque que el consumo recreativo en labores no catalogadas como de alto riesgo no pueda constituir por sí mismo una causal suficiente para el despido.

No obstante, la Corte Suprema de Justicia, mediante la Sentencia SL-771 de 2024, ha reiterado el derecho del empleador a adoptar medidas cuando el consumo de sustancias afecte significativamente el rendimiento laboral o comprometa la seguridad del entorno de trabajo.

En este sentido, las empresas estarían facultadas para imponer sanciones disciplinarias solo si demuestran que el consumo infiere en el cumplimiento de las funciones asignadas o genera un riesgo considerable.

En este sentido, es fundamental que el empleador cuente con pruebas que demuestren que ha brindado capacitaciones al trabajador mediante las cuales se estableció claramente la importancia de evitar el consumo de drogas, explicando las razones por las cuales dicho comportamiento puede poner en riesgo tanto al propio trabajador, como a sus compañeros y los bienes de la empresa.

Es importante señalar que, aunque el consumo de sustancias psicoactivas ocurra fuera del horario laboral, este puede tener efectos sobre las funciones motoras y las capacidades del trabajador durante la jornada laboral.

Por tal motivo, si el empleador logra demostrar que el consumo realizado fuera del trabajo afecta negativamente las capacidades del trabajador, poniendo en riesgo, no solo su productividad, sino también su seguridad o la de terceros, entonces es viable iniciar un proceso disciplinario que pueda derivar en la terminación del contrato de trabajo.

Un punto adicional que subraya la jurisprudencia es la facultad de las empresas para implementar políticas internas que regulen de manera estricta el consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo la posibilidad de realizar pruebas de detección. Estas políticas deben diseñarse bajo un modelo de respeto a los derechos de los trabajadores y evitando prácticas discriminatorias o invasivas.

Los empleadores, especialmente en sectores de alto riesgo, tienen la prerrogativa de establecer controles mas rigurosos y adoptar sanciones proporcionales cuando la seguridad laboral se ve comprometida.

El consumo de drogas no solo puede impactar el desempeño individual del trabajador, sino también exponer a la organización a riesgos jurídicos y operacionales. Por ello, contar con políticas preventivas claras, clasificar adecuadamente las tareas criticas y fomentar un ambiente de apoyo en casos de dependencia, son estrategias que permiten un manejo eficiente y legal de este tipo de situaciones.

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