En los últimos años, la transparencia y la ética empresarial han sido temas importantes en la agenda global y nacional. En Colombia, el gobierno ha implementado medidas para fomentar la transparencia y la ética empresarial, y una de ellas es la Ley 2195 de 2022. En este artículo, se mencionarán brevemente los aspectos principales de esta ley y su relación con el programa de transparencia y ética empresarial en Colombia, así como algunas estadísticas relevantes.
La Ley 2195 de 2022 determina la obligación de que las empresas implementen programas de transparencia y ética empresarial. Estos programas deben incluir medidas para prevenir, detectar y corregir cualquier tipo de conducta ilícita o antiética en el ámbito empresarial, en ese sentido, es una herramienta muy valiosa para los sistemas de gestión y prevención de riesgos de corrupción, soborno transnacional, lavado de activos, financiación del terrorismo. La ley también establece la obligación de que las empresas realicen una evaluación periódica de sus programas de transparencia y ética empresarial, además que informen públicamente sobre sus avances en este ámbito.
Hay que mencionar además, que dentro de las bondades de esta ley, un gran aporte en mi opinión es el respaldo en los trámites que corresponden a la solicitud de información a contrapartes, que se ha convertido en unos de los puntos de dolor de mayor impacto para las empresas obligadas a implementar el Programa de Transparencia y Empresarial, SAGRILAFT, SARLAFT y SIPLAFT, entre otros; pues, instaura con claridad que la obligación de suministrar información suficiente en una relación contractual, es bilateral en el ámbito empresarial, esto específicamente en el artículo 12, parágrafo 4, que indica: «…para efectos de cumplir con lo dispuesto (Debida Diligencia) en el presente Artículo, las personas naturales, personas jurídicas, estructuras sin personería jurídica o similares tendrán la obligación de suministrar la información que le sea requerida por parte del obligado a cumplir con el presente Artículo.»
Por otra parte, las estadísticas son contundentes en mostrar que la corrupción es un problema estructural en Colombia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, en 2021, Colombia ocupó el puesto 96 de 180 países, con una puntuación de 39 sobre 100. Esto indica que la corrupción sigue siendo una preocupación importante para el país, y que es necesario tomar medidas para combatirla.
En efecto, la Ley 2195 de 2022 establece una obligación importante para las empresas colombianas de implementar programas de transparencia y ética empresarial, lo que puede traer numerosos beneficios actuales y a futuro, tanto para las empresas como para la sociedad en general. En otras palabras, estos programas pueden ayudar a prevenir la comisión de conductas ilícitas, lo que a su vez reduce el riesgo de sanciones legales y financieras para las empresas, puede mejorar la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo de las empresas, así como aumentar la confianza de los consumidores y otros grupos de interés.
Mónica Andrea Monroy Arias.
Compliance and Risk Coordinator.
B2B Tax & Legal S.A.S. BIC.