En una reciente decisión, la Corte Suprema de Justicia reafirmó la protección especial que la ley otorga a los trabajadores que denuncian acoso laboral. A través de la Sentencia SL001-2025, el alto tribunal dejó claro que los empleadores deben ser cuidadosos al ejercer su facultad de terminar unilateralmente un contrato, garantizando que esta decisión no vulnere los derechos del trabajador. 

El caso analizado por la Corte involucra a un trabajador que, tras denunciar acoso laboral por parte de su jefe inmediato, fue despedido sin justa causa. Aunque la empresa argumentó que la terminación fue discrecional y que se pagó la indemnización correspondiente, tanto el Tribunal como la Corte determinaron que el despido debía considerarse ineficaz, ya que se presumía una represalia por la denuncia. Como consecuencia, se ordenó el reintegro del trabajador y el pago de todos los salarios, prestaciones legales y extralegales dejadas de percibir, debidamente indexados. 

La Ley 1010 de 2006, en su artículo 11, establece que los trabajadores que presentan quejas por acoso laboral gozan de una protección especial, lo que impide que sean objeto de represalias. En este sentido, la Corte determinó que en estos casos la carga de la prueba recae sobre el empleador, quien debe demostrar que el despido no tuvo relación con la queja del trabajador. Si no existe una justificación clara y documentada, se presume que el despido fue una retaliación y, por lo tanto, es inválido. 

Este precedente obliga a las empresas a reforzar sus procesos internos para la gestión de denuncias por acoso, asegurando confidencialidad, transparencia y diligencia en la investigación. Además, resalta la importancia de documentar de manera detallada las razones objetivas que justifican cualquier despido, especialmente cuando hay una denuncia de acoso de por medio. 

Para las organizaciones, esta decisión es un recordatorio de que la protección laboral no se limita a los casos explícitamente contemplados en la ley, sino que puede extenderse a situaciones donde exista una posible vulneración de derechos fundamentales. Un despido sin un análisis riguroso de los riesgos legales puede resultar en sanciones que van más allá́ del pago de una indemnización. 

En B2B Abogados, estamos preparados para asesorar a las empresas en la implementación de políticas laborales preventivas, ayudándolas a mitigar riesgos, cumplir con la normativa y evitar conflictos que puedan afectar su reputación y estabilidad. 

Valentina Cardona
Lawyer