La consulta en listas vinculantes, es una de las actividades fundamentales para conocer las contrapartes, con los resultados de estas se obtienen antecedentes que contribuyen a la construcción de los perfiles de riesgo; de acuerdo con la información obtenida del perfilamiento tendremos argumentos que tendrán un impacto sobre las decisiones a tomar de si es conveniente o no iniciar una relación contractual, así mismo, sobre dichos resultados el oficial de cumplimiento tendrá que evaluar cada cuanto realizará monitoreos de contrapartes, o si debe solicitar más documentos de los habitual con el fin de acreditar una debida diligencia intensificada o mejorada.
Ahora bien, la intención de la Ley 1581 de 2012 es desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información consagrado en el artículo 20 de la misma. De acuerdo con el articulo 15 de la constitución política todas personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar.
Es de mencionar que las listas vinculantes son de acceso público; por esta razón, se podría concluir que todos tenemos acceso a consultar a cualquier persona en estas bases de datos. La pregunta sería, si son bases de datos públicas ¿es necesario pedirle permiso al titular? la respuesta es definitivamente, sí, y la razón es que sencillamente necesitamos autorización para manejar sus datos, es decir, el qué vamos a hacer con estos resultados de las consultas, puesto que con los antecedentes del titular se toman decisiones sobre la relación contractual y adicional los hallazgos manejados de manera incorrecta pueden afectar el buen nombre del titular y vulnerar otros derechos, como son el de tener una segunda oportunidad y el derecho al trabajo, entre otros.
Mónica Andrea Monroy Arias
Compliance and Risk Coordinator