En un mundo empresarial marcado por desafíos económicos y pandémicos, Colombia se encuentra en un punto de inflexión legislativo. El Proyecto de Ley Numero 106, presentado al Senado de la República el 22 de agosto de 2023, busca establecer los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020 como legislación permanente. Este proyecto no solo pretende adecuar las instituciones concursales a la nueva realidad social, sino que también aspira a proteger a las pequeñas y medianas empresas y preservar el empleo en los procedimientos de insolvencia empresarial.
Este proyecto pone de manifiesto la necesidad de una legislación permanente y, al mismo tiempo, resalta que el actual régimen de insolvencia empresarial, consagrado en la Ley 1116 de 2006, necesita adaptarse a las nuevas realidades empresariales. Se necesitan mecanismos modernos y ágiles, como los procedimientos de Negociación de Emergencia y Recuperación Empresarial ante las Cámaras de Comercio, el Proceso de Reorganización Abreviado y la Liquidación Simplificada.
Las condiciones macroeconómicas cambiantes y la pandemia del COVID-19 impactaron profundamente en las empresas y empresarios colombianos, amenazando la creación de empleo y la estabilidad empresarial. En este contexto, el proyecto de ley propone adoptar los decretos legislativos que han demostrado ser un salvavidas para las empresas durante la crisis y que, debido a su efectividad, han sido prorrogados en dos ocasiones.
Según la última encuesta global de competitividad de la inversión del Banco Mundial, la protección de la inversión y la estabilidad política y macroeconómica son factores críticos para las decisiones de inversión de las compañías matrices. En este sentido, el proyecto de ley hace hincapié en la importancia de establecer un entorno legal y regulatorio que permita a Colombia mantenerse competitiva en la toma de decisiones de inversión.
Teniendo en cuenta lo antes mencionado, es que el Proyecto de Ley Numero 106 tiene un propósito claro: facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al régimen concursal. Busca responder a las nuevas necesidades económicas y dotar al régimen de insolvencia de los mecanismos modernos y ágiles necesarios para fortalecer las empresas y garantizar la protección de la inversión en Colombia. Esta ley no solo es un paso adelante en la recuperación empresarial, sino también una pieza fundamental en la construcción de un futuro económico sólido y competitivo para Colombia.