¿Quién realmente supervisa las Inversiones Extranjeras Directas en Colombia? Este tema va más allá de simplemente fomentar el crecimiento económico a través de la inversión extranjera directa.
Hay una creciente preocupación sobre el posible mal uso de programas de ciudadanía y residencia por inversión extranjera, los cuales podrían convertirse en herramientas para ocultar fondos públicos y lavar grandes sumas de dinero.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en su esfuerzo por combatir la corrupción a nivel mundial, ha identificado un riesgo emergente relacionado con estos programas. Mientras los gobiernos buscan atraer inversión extranjera mediante la oferta de pasaportes o visas privilegiadas, existe la posibilidad de que delincuentes y funcionarios corruptos vean en estas iniciativas una oportunidad para actividades ilícitas.
El GAFI, en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), está trabajando en un informe que examinará detalladamente los riesgos de lavado de activos y delitos financieros asociados con estos programas. Este informe incluirá amenazas identificadas en áreas como el soborno transnacional, el fraude, la corrupción y su impacto en aspectos clave como la integridad pública, los impuestos y la migración.
Por otro lado, la Ventana Única de Inversión (VUI), gestionada por la Superintendencia de Industria y Comercio, ha implementado una estrategia interinstitucional para satisfacer las necesidades de los inversionistas extranjeros en Colombia.
Esta plataforma, en conjunto con el Comité de Inversión Extranjera Directa, forma parte del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación (SNCI). Su propósito es coordinar y supervisar la política de promoción, atracción y retención de inversión extranjera directa en el país.
Sin embargo, se establecen requisitos claros, como la presentación anual de formularios gestionados por el Banco de la República, para aquellos que deseen invertir en Colombia.
En el análisis de riesgos, el GAFI ha identificado vulnerabilidades, como el uso frecuente de intermediarios, la participación de múltiples agencias gubernamentales, el abuso por parte de facilitadores profesionales y la falta de una gobernanza sólida en los programas de lavado de activos. Estas vulnerabilidades deben ser abordadas para garantizar la detección de actividades fraudulentas.
Para concluir, se aconseja a los gobiernos adoptar la debida diligencia al elaborar planes de migración relacionados con inversiones extranjeras. Esto permitirá a los oficiales de cumplimiento colaborar con entidades financieras y la VUI para asegurarse de que las inversiones estén debidamente registradas en Colombia y conocer la procedencia de los recursos invertidos.